Se ha presentado en la Legislatura de Capital Federal un proyecto de ley sobre “Acciones de prevención y asistencia tendientes a reducir la demanda de alcohol”, que en realidad se limita a reducir la oferta. En la práctica, dicha ley significa prohibir el delivery de bebidas en Capital Federal.
El proyecto no es bueno, porque significa destruir una realidad que ha mejorado desde la sanción del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde que se permitió la actividad de los delivery se redujo notablemente la cantidad de puntos de venta clandestinos. Y terminaron los problemas en la vía pública, ocasionados justamente por el consumo frente a esos puntos de venta.
Ahora pareciera querer cambiarse esa buena experiencia de Capital Federal por la mala experiencia de la Provincia de Buenos Aires, donde el delivery no se permite y donde proliferan los puntos de venta ilegales y clandestinos.
El delivery a domicilio es una actividad totalmente legal que brinda servicio a las personas mayores de edad que se reúnen en sus casas y desean tomar bebidas alcohólicas. Prohibirlo es impedir que los mayores de edad puedan realizar ese consumo domiciliario, con lo que se está atentando contra su libertad y contra sus derechos constitucionales.
La idea de eliminar el consumo eliminando la oferta legal de bebidas es anacrónica. El consumo seguirá existiendo hasta que las autoridades comunales inviertan en campañas de consumo responsable para que baje la demanda. Y para esas campañas los delivery pueden ofrecer las bases de datos de los consumidores, información con la que no cuenta ningún otro punto de venta.
Es un error seguir buscando responsables donde no los hay, porque prohibiendo los medios legales solo vamos a conseguir que siga aumentando la ilegalidad.
Atentamente
Jorge Bertezzolo
Cámara Argentina de Delivery de Bebidas (e.f.)
