El fin de la prohibición mundial del cannabis está sucediendo. Ya es legal en 44 países y el número crece mes a mes.
Su mercado global es de más de 340.000 millones de dólares y cuenta con unos 263 millones de consumidores, según consta en el informe ‘La industria del cannabis como inversión’ del broker XTB y otras publicaciones de consultoras como Euromonitor o Prohibition Partners. Más de 200 empresas relacionadas a esta actividad cotizan en las Bolsas de Canadá y Nueva York, con un total de 80.000 millones de dólares en capitalización bursátil.
Su irrupción está influyendo en todas las categorías del consumo. Sus derivados hoy son parte de las rutinas de consumo diarias de millones de personas ya sea como un ingrediente funcional en alimentos, en bebidas, en productos de belleza o cuidado de la salud.
En USA el total del mercado de productos infusionados (edibles) es de 17 billones de dólares anual, creciendo a un ritmo del 25%.
Para entender la magnitud de este fenómeno, es central que ampliemos la mirada y comencemos a actuar decididamente para integrarnos a esta tendencia global, complementado el debate la despenalización del consumo adulto, el autocultivo (medicinal y recreativo), las problemáticas médicas y la agenda de derechos. El tema requiere un abordaje holístico, porque atraviesa transversalmente la realidad de industrias tan diversas como la agroindustria, farmacéutica, cosmética, alimentos, bebidas, construcción, textiles, veterinaria, entre otras.
Argentina es un país agroindustrial que tiene todas la condiciones para convertirse en un actor global de importancia por geografía, clima, capacidad instalada, mercado interno y recursos humanos. Podemos posicionarnos como un proveedor estratégico para los mercados de exportación dadas estas favorables condiciones, así como por costos de instalaciones y de producción 80% más bajos que en Europa y Norteamérica.
El contexto regional no hace más que corroborar esta evidencia. Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, por sólo mencionar algunos casos, han establecido condiciones para la obtención de licencias con fines de investigación, importación, comercialización y producción y ya han conseguido o se encuentran en proceso de recibir inversión privada directa cercana a los 1.000 millones de dólares, poniendo en marcha una pujante actividad económica y generando miles de puestos de trabajo en forma directa y en sus actividades asociadas.
Según el cuarto reporte anual de la consultora Leafly de principios de 2020, sólo en los Estados Unidos, esta industria genera en la actualidad 243,700 empleos a tiempo completo, con un aumento interanual del 15%, indicador de la continuidad de su expansión; siendo la industria que más nuevos puestos de trabajo genera, creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otro sector de la economía en los últimos cuatro años.
Si se inaugura con éxito un mercado legal regulado en el país, es probable que los efectos económicos se extiendan no sólo al cultivo y la producción, sino también a otros rubros, dando lugar a la necesaria formación de nuevos negocios y actividades en sectores auxiliares como servicios legales, estratégicos y de mercadotecnia, que acompañen el crecimiento de compañías que desarrollen y comercialicen nuevos productos cannábicos.
No debemos demorar nuestro ingreso a este mercado y la oportunidad de hacerlo es ahora.
Los desafíos a los que nos enfrenta el escenario post pandemia plantean la necesidad urgente de una regulación de la actividad en todas sus etapas que sirva como plataforma de arranque para esta industria.
La radicación de inversiones, la diversificación productiva, la innovación, la generación de valor agregado, la creación de puestos de trabajo, las potenciales divisas e ingresos fiscales, la necesaria articulación con universidades, investigadores y demás actores del sector público y privado, son sus esperables consecuencias. El Estado de este modo garantizará el acceso a infinidad de productos elaborados con buenas prácticas de manufactura y trazabilidad, de manera segura y legal, dejando atrás un escenario donde los mismos están al alcance de la población sin ningún tipo de control de calidad como ocurre en la actualidad.
La nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal debe ser el primer paso en esa dirección.
Sea éste, entonces, un pedido a las autoridades para que convoquen a todos los sectores de la sociedad civil que estamos trabajando en esta agenda, a colaborar en un plan estratégico para la pronta puesta en marcha de la economía del cannabis en Argentina.
