Hasta hace pocos meses, en nuestro país existían 46 tipos de becas administradas por media docena de instituciones estatales. Si se suman las otras 30 modalidades otorgadas por al menos 20 fundaciones y entidades privadas, no es exagerado afirmar que el panorama era caótico.
El debut del Sistema Bicentenario Becas Chile, pomposo nombre para el plan que anunció la presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, vino a poner un poco de orden y, lo más importante, a intentar fijar una hoja de ruta única, con prioridades y objetivos claros.
Porque –¿qué curioso, no?– aquí no hay problemas de recursos. Al contrario. La Ley de Presupuesto 2009 asignó 25 mil millones de pesos para estudios de postgrado en el exterior, es decir, se quintuplicaron los fondos disponibles este año. Todo, con cargo a los intereses de un fondo de 6 mil millones de dólares y que busca asegurar que 30 mil profesionales se capaciten en el extranjero durante los próximos 10 años.
El desafío, esta vez, corre por otro carril. Tras recurrentes polémicas por cupos otorgados “a dedo”, en particular a parientes de figuras públicas; programas en universidades mediocres; o estudios inconclusos, ahora se intenta dar el gran salto: ejecutar una estrategia eficiente que permita que Chile cuente con profesionales que cumplan con los requerimientos de un país desarrollado.
En términos sencillos, se busca facilitar que los mejores –y no sólo quienes disponen de dinero o influencias– tengan la oportunidad de estudiar en los planteles top del mundo y, ojalá, aquellas especialidades que son las más necesarias. Y un punto no menor: basados en un esquema en que postulación, evaluación, selección, seguimiento y manejo de los recursos y estudiantes sean transparentes e incuestionables.
Se partió a lo grande. La reforma ha sido radical. Todos los programas estatales ahora son manejados por el Sistema Bicentenario Becas Chile del ministerio de Educación –excepto la beca Presidente de la República, que otorga el Mideplan y que será transferida en enero–; se unificaron montos y características; y cada semana se amplían los acuerdos con universidades del exterior. La postulación se efectúa en una ventanilla única y la evaluación fue externalizada a comités independientes.
El rediseño dejó tres grandes programas estatales. Uno, de postgrado, a cargo de Conicyt. Otro, de becas técnicas de nivel superior, administrado por la División de Educación Superior del ministerio de Educación. Y un tercero, en el ámbito de la Pedagogía. Se creó, asimismo, una línea de apoyo especial para médicos del sector público y profesores de colegios subvencionados.
El mapa comprende la posibilidad de entrenamiento en idiomas como inglés, francés y alemán, según la universidad a que se vaya, en la etapa previa y durante su estada en el extranjero, hasta un máximo de 1.200 horas, a fin de reducir las desventajas que en este sentido exhibe la mayoría de los interesados.
En total, se trata de 1.000 becas en 2008; y otras 2.500 para 2009 (proyectando 1.225 de postgrado y el resto, técnicas y de idiomas), las que aumentarán a 3.300 el año 2010. Una auténtica carrera de largo aliento, si se piensa que hace cinco años, las becas no superaban las 160; y el 2007 fueron 719.
En el papel, se ve fantástico. Es innegable que la intención es loable y su objetivo se visualiza básico para la formación de un capital humano acorde al siglo XXI. También es de justicia reconocer los esfuerzos desplegados para que las ambiciosas metas sean cumplidas. Con todo, se ha partido rápido y esta transición vertiginosa no ha estado exenta de problemas
Accidentado estreno
Ya el debut evidenció dificultades serias que alertaron tanto a los ejecutores del programa como a los expertos en materia educacional.
El primer llamado de Conicyt para asignar 800 cupos en planteles de Australia y Nueva Zelanda terminó reducido a 91 favorecidos, porque los demás postulantes no cumplían con los requisitos. ¿Falta de información? ¿Mala planificación?… Fue, por decir lo menos, decepcionante, más allá de todas las razones esgrimidas, y un balde de agua fría a la imagen de la iniciativa.
Luego llegaron los cuestionamientos de las autoridades de Canadá por el escaso dominio del inglés de los titulados en centros de formación técnica e institutos profesionales que viajaron para perfeccionarse. Se trataba de un programa preexistente, pero, ¿fue imposible una evaluación previa? La lógica indica que debió preverse el impacto, a la luz de la revisión que se hizo del proceso vigente.
Ahora se trabaja aceleradamente en una reingeniería, a base de las propuestas de un consejo asesor, para partir de “cero” con este programa becario el primer trimestre de 2009, según aclara el secretario ejecutivo de la Comisión Bicentenario Capital Humano, Javier González.
Quizás sea por esta accidentada puesta en marcha que las autoridades eluden “matricularse” con números. En vez de becas hablan de “posibilidades” que pueden ser asignadas, si se cumplen los parámetros.
Actualmente hay otra convocatoria de Conicyt que, en papel, termina este 29 de noviembre y, en la web, el 10 de diciembre. ¿Cuántas se van a entregar? “Es que nunca sabes”, es la respuesta de la presidenta de la institución, Vivien Heyl. Y recuerda que el llamado inicial demostró la falta de conocimiento del sistema por los interesados.
Un criterio similar exhibe el secretario ejecutivo de la Comisión Bicentenario Capital Humano, que depende del comité de ministros que lidera la titular de Educación, Mónica Jiménez. “No existen cupos –nos explica González–. Ponemos a disposición ciertas oportunidades, pero si no hay postulantes no se va a entregar ese número de becas. Hay partes donde sí podemos otorgar más becas si hay mejores postulantes”.
Existen dudas y preocupación sobre la operatividad una vez que empiece el proceso masivo. Pablo Eguiguren, experto en políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, destaca la fiscalización más eficiente que conlleva un proceso centralizado, pero advierte que “no se sabe cómo se va a implementar el sistema”. Y agrega que este año partieron mil personas y el 2010 se pretende triplicar, en circunstancias que en el pasado ha habido problemas con 400 u 800 personas. “No sé si la nueva institucionalidad, que no se conoce muy bien cómo va a funcionar, va a aguantar a más de 3.300 becarios”.
Para el vicerrector de Investigación y Doctorado de la Universidad Católica, Carlos Vio, esto es el resultado de “un programa que se creó de improviso y sorprendió a todo el mundo”. Tal como su colega de Investigación y Doctorado, el astrónomo Dante Minitti, cuestiona que no se pidiera la opinión de los centros de enseñanza superior, porque podrían haber sido reforzados los convenios para entrar a instituciones de calidad.
El vicerrector Vio es de la opinión de que la adjudicación de una beca tendría que tener como requisito contar con el cupo en una universidad de excelencia. Comenta que del primer llamado de las Becas Chile “sólo tres personas están aceptados en universidades”.
Independiente de las polémicas puntuales, hay definiciones básicas que aún parecen estar a medio camino.
Así, un punto central es qué se va a estudiar al extranjero, dónde y para qué.
El país tiene once cluster definidos con miras al desarrollo productivo: turismo con necesidades especiales; acuicultura; alimentos procesados; fruticultura; off shoring o servicios globales; servicios financieros; sector pecuario (avícola y porcino); telecomunicaciones; minería; construcción y logística y transporte. Se supone que allí es donde deben estar concentrados los esfuerzos de formación de capital humano.
Las Becas Chile tienen tres áreas prioritarias. En la primera, en el tramo económico, están parte de los cluster: minería, acuicultura, agricultura , turismo y off shoring. Quienes opten por estos programas son premiados con un puntaje adicional.
Mueve a la confusión que convivan con otras dos prioridades, las que no reciben puntaje extra. Una, las llamadas “transversales”, considera la biotecnología, tecnologías de la información y comunicación, medio ambiente y energía. La otra se refiere a las sociales, con educación, salud, vivienda, seguridad pública y políticas públicas.
Las argumentaciones oficiales apuntan a que, si bien hay prioridades, tampoco se pueden dejar de lado ámbitos históricamente rezagados como las ciencias sociales y la cultura. O sea, los que optan por las prioridades son premiados, pero no tienen asegurado su cupo; y, en la práctica, igual se puede postular en la especialidad de preferencia y en cualquier plantel del mundo.
Los resultados del primer llamado para doctorados y magíster en Australia y Nueva Zelanda consideran asignaciones en disciplinas prioritarias como ingeniería eléctrica, biología marina, finanzas, ciencias de la comunicación, energía, ecoturismo, información tecnológica o marketing, entre otras.
En concreto, de estas 91 becas, se adjudicaron 20 a la primera prioridad (cluster); 20 a la segunda, y 36 a la tercera. Llama la atención que las 15 restantes se otorgaran en áreas como cambio social y desarrollo, artes y estudios veterinarios, materias todas muy respetables y necesarias pero que no figuran en ningún listado de prioridades oficiales.
Quizás el asunto sea la ambición desmedida: querer cubrirlo todo. En parte, por las expectativas generadas; en parte, por los temores derivados de errar en el comienzo de una iniciativa de esta envergadura…
Frente a este punto no hay opiniones únicas. Joaquín Cardúa, ex director de educación de la Fundación Chile, no es partidario de elaborar un sistema rígido de prioridades para adjudicar las becas. “Las personas deben tener la libertad de poder elegir sobre su futuro –indica–. Por lo demás, el país puede decidir las prioridades hoy, pero cuando la persona regrese con su doctorado las prioridades ya no serán las mismas”.
Es, sí, crítico de lo realizado hasta ahora: “no hay claridad de cuáles son las prioridades. No ha habido un trabajo sistemático y tampoco se han hecho los esfuerzos para traspasarlos a las personas que están tomando la decisión de estudiar un postgrado”.
Más doctores ¿necesarios?
Históricamente, las áreas de estudio han sido fijadas por la demanda. Sin ir más lejos, recién en 2007 Mideplan partió con una incipiente priorización, que ahora pasó al olvido ante los aires de renovación. Igual ha sucedido con las universidades escogidas, fuente de críticas por no ser siempre las mejor reankeadas.
Hoy se trabaja por fomentar la vinculación con buenos planteles del exterior. Javier González menciona con orgullo los acuerdos suscritos con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia. Esto, porque se traducen en mejoras concretas, plantea. Universidades como Chicago o Berkeley ofrecen un curso de inglés gratuito de 4 a 6 meses si el postulante queda aceptado; y las australianas rebajan en 20% los aranceles.
Karen Molina, del ministerio de Relaciones Exteriores, explica que esa cartera y las embajadas están trabajando para aumentar los convenios, y anticipa que se firmarán otros con California y Singapur.
Estos acuerdos no garantizan el cupo sino que permiten que los planteles revisen los antecedentes y estén dispuestos a recibir alumnos chilenos, siempre que cumplan con sus requisitos, explica la directora
de Conicyt.
Una interrogante clave: ¿es realmente necesario este aumento sustantivo en la cantidad de doctorados chilenos? Las estadísticas hasta ahora avalan al gobierno. Chile tiene hoy 15 doctores por cada millón de habitantes. Brasil exhibe 48. Y la OCDE, hacia donde está puesta la mirada del país, tiene 178 por cada millón de habitantes. Pero algunos especialistas recalcan que los números por sí solos no son el único indicador a considerar, porque también deben tomarse en cuenta factores como la estructura productiva y el nivel de desarrollo económico.
El análisis oficial es optimista. No hay riesgo de saturación porque se está reduciendo una brecha, a lo que se agrega que con el incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo –promulgado este año– se estimulan las contrataciones en los centros que las empresas apoyen. Por ello, a nivel gubernamental se habla de una política “equilibrada” porque a la inversión en capital humano se agrega el fortalecimiento de los proyectos de formación de la educación superior.
La duda, para el investigador Pablo Eguiguren, es si el desarrollo económico va a llegar porque hay más personas con doctorados, o si la economía va a demandar a esos doctores. “Soy de la idea de que la economía, a medida que va creciendo, va a ir demandando capital humano más especializado. En el área de los salmones, por ejemplo, hay investigación especializada que la está haciendo la empresa privada, porque es parte de su negocio”, sostiene.
Joaquín Cardúa cree que la gente que se envía a capacitarse al exterior debe estar inserta en un lugar de trabajo, sea universidad, empresa o institución pública. De lo contrario puede suceder que retorne con su doctorado y no encuentre cómo insertarse en el mercado laboral.
Con tarea para la casa
Más allá de los cuestionamientos o polémicas, para el secretario ejecutivo del programa las tareas inmediatas son generar y fortalecer una política de largo plazo que permita aumentar los cupos en el exterior, ampliar el perfil de los postulantes, incluir todas las áreas del conocimiento y apoyar con puntajes adicionales a los aspirantes de regiones, de pueblos originarios y discapacitados, lo que ya está aplicándose.
También ya están reguladas las obligaciones del becario, dice. Entre ellas, rendimiento académico adecuado y dedicación exclusiva, así como el retorno obligatorio en un máximo de dos años tras terminar sus estudios. Ahora todos deben regresar. Firman un pagaré que hacen exigible el retorno.
Si el becado estuvo cuatro años en el extranjero, debe trabajar el doble en el país. En caso que se vaya a regiones, el plazo baja a la mitad. Dónde –sector privado, público o la academia– es una decisión personal, salvo para los profesores y médicos, obligados a reintegrarse al ámbito público.
Hay voces que cuestionan el procedimiento coercitivo ideado para garantizar el regreso. Aspiran más bien a los incentivos. Las universidades estatales presentaron proyectos de jubilación anticipada para crear fuentes laborales para los nuevos doctores.
La etapa que viene en las Becas Chile contempla la creación de dos consejos asesores, con académicos, privados y sector público. Uno regulará las becas técnicas y la idea es que sean empresarios los que califiquen la pertinencia de los estudios que se siguen en el exterior. Hay conciencia de que el sistema tendrá que responder respecto de si fomenta la capacitación en las áreas realmente necesarias para el país. También se aspira a una mínima coherencia entre la ruta de las Becas Chile y el mundo universitario, evolucionando de las postulaciones individuales a planes institucionales.
No todos creen que becar sea una buena solución para formar capital humano avanzado. Pablo Eguiguren indica que si bien es importante aumentar las posibilidades de magíster y doctorado, un sistema de becas no es lo óptimo, porque el gobierno no debería subsidiar a profesionales que a su regreso podrían pagar los estudios . Propone un esquema de créditos amplio y de fácil acceso, o un sistema de “contratos de capital humano”, en la que el beneficiario se compromete –una vez que regresa al país– a pagar un porcentaje fijo de sueldo mensualmente por una cantidad de años determinada.
Otros, como Joaquín Cardúa, proponen reducir en un tercio las becas en 2010 y destinar esos recursos a preparar mejor a quienes viajen a estudiar, con idiomas e inducciones. Simultáneamente, traer profesores de excelencia a las universidades para que traspasen sus conocimientos.
La envergadura del proyecto despierta esperanzas y temores. Los parlamentarios de la comisión de Educación del Senado quieren institucionalizar la implementación de las becas mediante una ley. Para el presidente de la comisión, el senador Ricardo Núñez, es preocupante que el royalty financie estas becas y no capital humano avanzado en regiones; además que cree que se acentúa la brecha entre universidades calificadas y regionales.
En su opinión, el debut de las Becas Chile “no fue precedido de la discusión de fondo del país que queremos, dónde están los cuellos de botella importantes en recursos humanos y si vale la pena invertir para que se estudie ciencias sociales afuera”.
Otra parlamentaria concertacionista, la diputada PS Carolina Tohá, se centra, sobre todo, en la transparencia. Las decisiones que se están tomando son muy importantes tanto en impacto en el futuro del país como en los montos de los recursos totales, indica, a lo que se añade que “el país tiene serios problemas de desconfianza”.
Otros están preocupados por puntos como la fiscalización eficiente del retorno de los estudiantes, para no repetir errores pasados, y la supervisión de las modalidades de gasto de los fondos millonarios con que, privilegiadamente, el gobierno está apoyando a uno de sus proyectos “estrella”
Fuente: Revista Capital (Chile)