Citando a la consultora PwC, casi 8 de cada 10 empresarios coinciden en que una mayor presión fiscal no es la mejor salida para la situación actual en España
A lo largo de los últimos meses, sobre todo a partir de la situación epidemiológica de público conocimiento, hemos sido testigos de la profundización de un fenómeno que viene caracterizando a la economía española en los últimos años, y que se define por filiales de grandes multinacionales que producen más aquí que fuera y que, sin embargo, están en riesgo de desaparecer.
La respuesta a esta situación paradójica está en la misma fuente de información, que no es otra que el Informe País por País de la Agencia Tributaria, donde se recogen datos suficientes como para concluir que la rentabilidad aquí es menor como consecuencia de los costes fiscales a asumir.
Es decir, la presión fiscal sobre la que tanto se discute a nivel internacional, está posicionando a España como un mal destino para que se instalen aquí algunas de las empresas más importantes del planeta, con todo lo que ello significa en términos de menor producción, recorte de inversiones, despidos de personal, y/o hasta el cierre definitivo de esas filiales.
Tales circunstancias, que podrían verse empeoradas a partir de los cambios en las Sociedades que impulsa el Gobierno de España ahora mismo, dejan claro que las filiales españolas, como las de otros países alrededor del planeta con elevada presión fiscal, como Argentina o Colombia en América Latina, son menos rentables que en las naciones pro-mercado.
¿Y cuáles son los territorios que demuestran la eficiencia de la baja presión fiscal actualmente? Citando la misma fuente, se observa una rentabilidad muy superior en países como Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y hasta Irlanda, siendo este último, para muchos, el espejo en el que tendría que mirarse España, a raíz de las políticas adoptadas en los últimos años por sus autoridades, tendientes a una rebaja de los impuestos, que han dado frutos y obrado un “milagro”.
Carga impositiva insostenible
En comparación con países que se mueven en un contexto de igualdad con España, aquí los empresarios deben invertir 1,69 euros por cada 1 euro que gane uno de sus empleados, lo que se desprende de los 0,40 euros en aportaciones a la Seguridad Social, los 0,20 euros en Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y los 0,09 euros en aportaciones del empleado a la Seguridad Social.
Esta realidad, oportunamente reflejada por el Foro Regulación Inteligente que elaboran tanto EY como el Instituto Económico Molinari, lo deja aún más claro cuando asegura que desde el 8 de junio de cada año los españoles dejan de obtener beneficios personales de su trabajo para destinar íntegramente sus ingresos a pagar impuestos, una medida global de referencia, que se conoce como “Día de la Liberación Fiscal”.
Otro de los aspectos donde se detiene la investigación es en el IVA de España y su ineficiencia, considerando que este impuesto representa hasta el 4% de los costes que tienen que asumir las compañías, un porcentaje especialmente elevado para los negocios de reciente apertura.
El estudio Paying Taxes 2019, elaborado por PwC para el Banco Mundial, corrobora la situación, afirmando que la contribución total de las empresas españolas es del 47%, muy por encima de la media de la Unión Europea, y aún más elevado sobre las economías que más crecen en el mundo.
Irlanda, el espejo en el que España debería mirarse
Rafael Nogueras, doctor e ingeniero en Informática por la Universidad de Málaga e Ingeniero en Electrónica por la Universidad de Granada, agudiza la mirada sobre las implicaciones negativas que la alta presión fiscal española tiene cuando de la creación de empleo se trata.
En su exposición en el periódico Economía Digital, Nogueras explica que, desde la crisis de 2008, los caminos de Irlanda y España se han ido separando por efecto de las diferentes decisiones adoptadas por sus gobernantes de manera que, aunque ambos tocaron fondo hace cerca de una década, todos los índices de recuperación y parámetros posibles dan la razón a la primera.
Para finales de 2019, y con la sospecha de que las diferencias se hayan agigantado en estos meses, Irlanda tenía casi resuelto el problema del empleo, con apenas un 5% de desocupación, mientras España ya lidiaba con un casi 14% de desocupados, y en aumento tras la pandemia por Covid.
En simultáneo, Irlanda tiene una renta per cápita que triplica a la española, y unos salarios medios que duplican a los de los trabajadores nacionales, lo que le ha permitido darse el lujo de destinar únicamente un 24,8% de su gasto al “estado de bienestar”, frente al necesario 41,9% de España.
Y es entonces cuando entra en escena, nuevamente, la ineficiencia del gasto público en España, donde ni siquiera la gestión de la pandemia ha sido mejor que en Irlanda, al menos si se la mide desde los fallecidos por coronavirus por millón de habitantes, casi el doble en nuestro país.
Como corolario de todo lo anterior, Irlanda ingresa más de lo que gasta, por lo que ha conseguido revertir el déficit fiscal, siendo una de las naciones que más rápidamente lo ha logrado.
Los empresarios demandan contra el fraude fiscal
Citando nuevamente a la consultora PwC, casi 8 de cada 10 empresarios coinciden en que una mayor presión fiscal no es la mejor salida para la situación actual en España, si bien reconocen que se debe incrementar la recaudación del fisco de otras formas, por ejemplo, realizando un esfuerzo mayor en materia de lucha contra el fraude fiscal, otro de los males endémicos del país.
El Índice de Percepción de Corrupción 2020 es uno de los documentos que da cuenta de cómo los países con menos corrupción del mundo, entre ellos Dinamarca, Finlandia y Suecia en Europa, se ubican como aquellos que más cerca están de asegurar la igualdad de sus habitantes.
Una democracia más saludable, como se define a aquellas que pueden garantizar la transparencia tanto de los procesos gubernamentales, como de las licitaciones y las privatizaciones, tienden a colocarse entre los de sociedades más equitativas, incluso con bajas presiones fiscales.
