El avance de la informalidad, estimulada por las dificultades del acceso al financiamiento, las regulaciones y una baja calidad de las instituciones, más los efectos propios de estos obstáculos sobre el desempeño y performance de las empresas, presentan un panorama poco alentador para el emprendedorismo en nuestro país, cuyo impacto sobre su desarrollo económico, en términos de empleo y producto, también resulta no despreciable.
Así lo expresa el informe “Las restricciones al desarrollo y al empleo: el caso de los emprendedores”, realizado por la Fundación KPMG para la Competitividad de la Argentina, a partir de datos relevados por el Banco Mundial. El estudio analiza cuál es el tejido de producción argentino conformado por las unidades empresariales y cuáles son y han sido los principales obstáculos al desarrollo de los negocios y del emprendedorismo en nuestro país.
Según Alberto Schuster, Presidente de la Fundación KPMG para la Competitividad de la Argentina, “las mejoras en el marco regulatorio y la disponibilidad de información impactan significativamente en la promoción del emprendedorismo de alto crecimiento que luego lleva a la creación de nuevos y mejores empleos”.
Subregistración
De acuerdo al informe de KPMG, a pesar de que la cantidad total de empresas ha ido creciendo desde principios de siglo y hasta el año 2000 –aunque registrando un declive luego de este año-, la frecuencia con la que las empresas se registran en AFIP es cada vez menor.
La informalidad, aunque justificada en determinados contextos, trae consigo grandes problemas al desarrollo del negocio y de la economía como un todo. Por un lado, los emprendimientos informales deben mantenerse fuera del radar fiscal por lo que, al necesitar “esconderse”, deben permanecer pequeños y sin posibilidad de expansión. Por el otro, la informalidad restringe las posibilidades de financiamiento ya que predetermina el no acceso al crédito bancario, destinado al sector formal de la economía. Así, y dado que estos emprendimientos deben mantenerse pequeños, ineficientes, con costos crecientes y precios anticompetitivos, se restringen al abastecimiento de un mercado local fácilmente saturable ya que, legal y onerosamente, la exportación también es algo inalcanzable para estos emprendimientos.
En promedio, las empresas declaran por debajo del 100% del total de sus ventas y nivel de empleo. No obstante, cuando disgregamos entre tipos de empresa, se observa que las emprendedoras y pequeñas firmas son las que menos declaran en términos relativos.
En este sentido, la carga impositiva que deben afrontar las empresas es uno de los principales obstáculos al desarrollo del negocio, y la importancia de este obstáculo se correlaciona con el comportamiento evidenciado por las pequeñas firmas y emprendedoras en lo que respecta a la subdeclaración: a menor edad y tamaño de la firma, tanto mayor es, en promedio, la subdeclaración de ventas y empleo. Así, son los trabajadores quienes sufren los impactos de la alta carga impositiva que deben enfrentar las empresas registradas (principalmente, sobre la seguridad social).
Acceso al financiamiento
Desde un punto de vista estructural, la escasez de fondos –o el sesgo en su distribución- disminuye la rotación de firmas en los mercados y la probabilidad de creación o introducción de nuevos productos, orientados a mejorar la competencia y la calidad de los bienes y servicios, y también afecta el proceso de incorporación de nuevos procesos y tecnologías, orientado a la mejora en la productividad. Como consecuencia de la “escasez de fondos” -o su mala distribución-, en promedio, el 67% del total del capital de trabajo proviene de “recursos propios”.
Los fondos prestados por familiares y amigos (6.7%), las fuentes informales (6%) y los préstamos de otras instituciones (2.4%) se conforman como fuentes de financiamiento relevantes entre emprendedores y pequeñas empresas, cuando, en promedio, estos conceptos no superan el 2% para la totalidad de las firmas.
Así, cuanto menor es la edad y el tamaño de la empresa -y esto se magnifica entre emprendedores-, mayor es la ausencia de líneas de crédito, menor la disponibilidad de “descubierto” y tanto mayores son los requisitos (colaterales) para acceder a un préstamo bancario.
En este sentido, las firmas jóvenes se apoyan menos en el crédito bancario y más en el financiamiento informal.
Regulaciones al mercado de trabajo
Existe una correlación positiva entre la rigidez en las regulaciones -y el tiempo promedio que lleva colocar una empresa en el mercado-, y el grado de informalidad de una economía. En este sentido, en el caso de los emprendedores, debido a los mayores tiempos medios exigidos para la apertura de su negocio, mayor es el grado de informalidad observado y tanto mayor su preocupación por el obstáculo que ésta representa. De hecho, entre emprendedores, este obstáculo es considerado como grave o muy grave por cerca del 50% de las empresas.
El obstáculo erigido por las regulaciones al mercado de trabajo, y materializadas principalmente en las indemnizaciones por despido, el costo del seguro de salud, los aportes jubilatorios y otras cargas que inciden directamente sobre los costos de operación, restringen las decisiones de las empresas en lo que se refiere a la contratación y despido de personal, lo que impactará en la informalidad, la eficiencia y la productividad de la empresa. En definitiva, mayores regulaciones laborales inciden directamente sobre los costos que deben afrontar las empresas (costo laboral), lo que termina impactando sobre su demanda de empleo.
Según los datos relevados por el informe de KPMG, las emprendedoras y pequeñas firmas serían las más restringidas en términos de los efectos del marco regulatorio del mercado de trabajo, ya que, como se ha observado, estos tipos de empresa serían las de mayor demanda neta potencial de empleo, aunque también serían las que mayores problemas tendrían en lo que se refiere al pago de indemnizaciones por despido, cargas sociales y demás costos asociados al empleo de personal, lo que también conforma un claro incentivo al refugio en la informalidad.
Políticas públicas a implementar
La estrategia de políticas públicas a implementarse debería considerar tres objetivos primordiales que impacten directamente sobre el desarrollo, la competitividad y el crecimiento de nuestra economía y que, al mismo tiempo, haga de las PyMEs y emprendedores sus catalizadores. Esto es, enfocándose directamente en el desarrollo de éstas. En este sentido, los tres objetivos a considerarse serían: la democratización económica, el incremento de la producción y, finalmente, el aumento del empleo formal.
Las políticas que bien podrían conformar la estrategia de desarrollo de PyME y nuevos emprendedores, podrían cristalizarse en los siguientes puntos:
1. Programas de apoyo al emprendedor.
2. Programa de incubación y aceleración nacional de nuevas empresas (en CABA abundan algunos ejemplos de este tipo de programas que debieran tomarse como ejemplo para su extensión a nivel Nacional. En este sentido, el programa de incubadoras del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) del Gobierno de la Ciudad, INCUBA, es uno de ellos)
3. Programas de relación entre tipos de empresas en el mercado local.
4. Otras políticas: la reducción del tiempo necesario para comenzar a operar y la flexibilización de algunas regulaciones referidas al mercado de trabajo son otras políticas a las que debiera prestarse atención con el objeto de mejorar el ambiente de negocios e incrementar la tasa de creación y formación de firmas.