Además de Suecia, países como Rusia o Arabia Saudí ya están valorando sustituir el efectivo por criptomonedas.
Suecia empieza a plantearse seriamente que su nueva moneda virtual, llamada e-krona, se convierta en la primera criptomoneda regulada por un Estado miembro de la Unión Europea.
Es lo que se extrae del último informe del Sverige Riskbank (el banco estatal de Suecia), presentado en octubre de 2018 y en el que la entidad reconocía que «necesita considerar cuál tiene que ser su papel en un mundo cada vez más digital».
«En la primavera de 2017, empezó un proyecto para examinar el alcance de emitir una moneda digital del banco central, llamada e-krona, como complemento al efectivo», señala el banco en el informe.
Desde hace casi dos años, el Sverige Riskbank trata de dar respuesta a unos hábitos de consumo cada vez más digitalizados: en 2018, apenas un 13% de los compradores pagaron en efectivo; en 2010, el porcentaje era de en torno al 40%.
Por eso, al contrario de lo que sucede en países como España, ya hay pequeños y medianos comercios que desde hace años han dejado de aceptar el pago en efectivo, simple y llanamente porque sus clientes no utilizaban este método de pago.
Es más, Ikea es un ejemplo paradigmático de cómo esta tendencia ha llegado a los grandes empresas; el gigante de los muebles empezó el pasado 1 de octubre un experimento en una de sus tiendas en Suecia para valorar si merece la pena mantener el efectivo.
Según comentaba entonces Parc Burstein, a cargo de la experiencia del cliente en la tienda, la medida pretendía ahorrar tiempo a los empleados, que durante los tres meses que ha durado el experimento no han tenido que manejar dinero en efectivo, y al mismo tiempo minimizar el riesgo de robos y fraudes.
Una tendencia en Escandinavia y en países como Rusia o Arabia Saudí
Pero no es la única iniciativa en este sentido. Sus vecinos noruegos tampoco utilizan con regularidad el dinero en efectivo y están planteándose pasarse por completo a una economía digital.
El pasado mes de abril, Jon Nicolaisen, vicegobernador del Banco Central de Noruega, explicaba que apenas se utilizaba el formato físico: «Según nuestras últimas cifras, contamos con menos de un 3% de dinero en efectivo; menos del 10% de las transacciones, incluyendo la compra de cafés, se realizan en efectivo».
Y, aunque no sea un país con pocos pagos en efectivo, Arabia Saudí ya ha anunciado que creará su propia criptomoneda (junto con Emiratos Árabes Unidos) en 2019. Una medida que pretende acabar con las criptodivisas que operan en el país y que actualmente son ilegales.
De un modo similar Rusia valoró durante el año pasado crear su propia criptomoneda para poder mantenerla bajo su brazo regulatorio. Sin embargo, el pasado mes de junio, Vladimir Putin desechaba la idea.
«Las criptodivisas no tienen respaldo alguno y no pueden ser un medio de pago», consideró, al tiempo que explicaba que «las autoridades deben estudiar cómo utilizar este recurso» en el futuro.
La regulación, un obstáculo y una oportunidad para los Estados
Desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), August Corrons, profesor de los estudios de economía y empresa apunta que las criptodivisas bajo control del Estado podrían ser positivas para regular el sistema bancario privado.
«Si el efectivo acaba desapareciendo, todo el mundo deberá tener una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito o de débito. Todo estará sujeto a las decisiones de las entidades privadas y, si estas deciden poner más comisiones o cerrar el grifo para ciertas personas, la situación puede ser crítica».
Corrons explica que la huella digital que dejarían las transacciones tiene dos lecturas: «Es positivo para evitar desviaciones de dinero o la economía sumergida, pero resta privacidad y habría que tener mucho cuidado; hay cosas que, quizás, quieras comprar desde tu total privacidad y esto, si no es en efectivo, no será posible».
Teóricamente el dinero dejaría de ser anónimo (o de formar parte de la llamada economía sumergida). Esto es especialmente trascendente en el caso de España, donde una criptomoneda regulada ayudaría a aflorar todo el dinero en B que se mueve en nuestro país y que representa actualmente el 24,6% del PIB. O, lo que es lo mismo, más de 200.000 millones de euros.
Así cada transacción requeriría de una titularidad, lo que en última instancia arroja dudas sobre la protección de la privacidad y la libertad de los consumidores.
Pero hay más. Según Corrons, existen ciertos colectivos para los que es complicado prescindir del efectivo: no solo los mayores o las personas sin conectividad, sino también las personas con discapacidad o con muy pocos recursos. «Sería necesario hacerles algún tipo de acompañamiento o garantizar que exista una convivencia» entre el efectivo y la criptomoneda.
Por el momento España está lejos de Suecia en este sentido: en el país nórdico, aun siendo anecdótico, ya existen mendigos y músicos callejeros con datáfonos.
