Un día de estos deberemos pensar seriamente cuáles son los límites del Estado en sus facultades de expoliación. En esto, más allá de cuál sea el gobierno y cuál la oposición, siempre pasa lo mismo: en lugar de discutir si es aceptable incrementar los impuestos, los políticos de todo el mundo sólo se preguntan como repartirlos.
Aumentar los impuestos a los bienes tecnológicos es una muy mala decisión. Este editorial no tiene por objeto quedarse en la mera queja inconducente. La idea es profundizar un poco en lo institucional, o en la falta de ello, como causa necesaria para la existencia de excesivas y, por ello, irritantes discrecionalidades por parte de los representantes del pueblo.
Declarar “suntuarios” a los bienes tecnológicos es doblemente grave. Por un lado, implica una estigmatización colectivista, en tanto y en cuanto permite separar a los buenos (pobre gente sufrida que carece de esos bienes) de los malos (ricos explotadores que utilizan la tecnología como arma de dominación de las clases más necesitadas). Por otro lado, aparece como justificación suficiente para encarecer dichos bienes artificialmente, disfrazando la expoliación de acto patriótico.
Hace a la salud de la democracia republicana que los representantes no legislen de espaldas a sus representados. Sería bueno también que los dirigentes políticos empiecen a analizar la manera de dejar de esquilmar a la población, en lugar de discutir cómo se reparten el botín.
Es evidente que si llegara a aprobarse definitivamente la iniciativa, las consecuencias serán negativas en muchos aspectos. Menciono algunas a título ejemplificativo: desincentivo a la innovación tecnológica; pérdida o, cuando menos, menor generación de puestos de trabajo en el sector tecnológico y en la cadena de valor relacionada con el mismo; aumento de costos para las empresas que, atento que se trata de impuestos indirectos, los trasladarán seguramente al consumidor final; menor informatización en general; mayores dificultades para que las PyMES puedan incorporar nuevas tecnologías.
El objetivo del Estado debiera ser tender hacia una disminución de los impuestos regresivos, como el IVA. Este proyecto de ley, como otras decisiones que se vienen tomando en los últimos tiempos, parece apuntar a la dirección contraria. Pocos beneficios para pocos beneficiarios y muchos perjuicios para muchas víctimas, una verdadera insensatez.
Asimismo, agrandaría enormemente la tan preocupante brecha digital. Algo curioso: en la época en que acceder a una línea telefónica era una misión casi imposible, poca gente tenía teléfono y era muy caro. Recuerdo que cuando alguien quería vender una casa o departamento agregaba como dato relevante si tenía o no teléfono. Cuando cualquiera pudo acceder a una línea telefónica, los teléfonos pulularon por todo el país, sobre todo entre las personas de escasos recursos.
Hoy en día pasa algo similar con los celulares. Cualquiera tiene uno. Y muchísima gente lo usa para trabajar. No hablo sólo de grandes corporaciones. Si quiero vender algo o necesito un medicamento y en la farmacia quedan en llamarme para cuando lo consigan, dejo el número de mi celular. Ahora, si aumentamos la carga impositiva en más del 30% y a eso le agregamos las dificultades generalizadas por las que atraviesa la economía vernácula, ¿quiénes se van a quedar sin celulares?
En fin, si todos los problemas se solucionaran aumentando impuestos, la Argentina no tendría ningún problema. La Constitución Nacional estableció un sistema en virtud del cual los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido y los funcionarios sólo pueden hacer aquello que les está permitido o que es obligatorio. Ésta es una muestra de que las cosas están al revés.
Transitamos un camino en el cual todos los ciudadanos estamos obligados a hacer cualquier esfuerzo exorbitante para mantener una burocracia cada vez más ineficiente, incoherente, errática e inservible. El sistema impositivo debe ser racional y previsible, de lo contrario no sirve.
Dr. Martín Carranza Torres. Abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Especializado en propiedad intelectual y en derecho de la alta tecnología. Es asesor de las principales empresas de alta tecnología locales y extranjeras y de las principales cámaras del sector como ALETI, CESSI y Córdoba Cluster Technology. Fue presidente de Software Legal durante cinco años, es Local Counsel de la Business Software Alliance en Argentina, profesor de Aspectos legales y contractuales del e-business y Régimen jurídico de la firma digital en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
