Un nuevo estudio de FUNDES deja en evidencia que existe un vacío en la legislación y en los marcos regulatorios alrededor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME ) en América Latina.
El documento muestra que si bien, en los países en estudio no existe una legislación que comprenda la totalidad de las necesidades de este tipo de empresas, de cada uno de ellos es posible extraer buenas prácticas que son de utilidad para apoyar procesos de otros países en la región que puedan estar considerando instrumentar o reformar sus marcos regulatorios de fomento MIPYME.
“Hoy se observan, a nivel continental, leyes, proyectos de ley y estudios relativos a la MIPYME que hacen pensar que es perfectamente viable la formulación de un estatuto o cuerpo jurídico integral”, indica la publicación Marcos Legales para el fomento a la MIPYME. Análisis comparado para Colombia, Chile, Perú y Venezuela.
Las MIPYMES constituyen un segmento empresarial que requiere de una normativa especial para poder desarrollar su actividad económica en igualdad de condiciones que las empresas de mayor tamaño y la publicación resulta relevante pues en estos momentos varios países de la región discuten sobre el mejor marco regulatorio para fomentar la actividad.
“Es deseable, por tanto, elaborar un conjunto de normas especiales, que regulen integralmente la actividad de las MIPYME, con normas especiales en casi todas las ramas del derecho, en forma paulatina. Esta recomendación no excluye, sino que ratifica, la conveniencia de hacer una recopilación de todas las leyes que afecten al sector, para facilitar su consulta”, agrega el documento.
“Si bien el estudio abarca específicamente a esos países de la región, sus resultados son válidos para otros países donde se están discutiendo reformas legislativas de corte MIPYME. Es precisamente, ese el objetivo que persigue FUNDES al difundir este análisis. En FUNDES hemos trabajado en América Latina durante los últimos 26 años y nos damos cuenta de que pese a la importancia que tiene el sector MIPYME en la generación de empleo, aún hay un largo camino por recorrer para verdaderamente fortalecer y crear mayores oportunidades para los pequeños empresarios”, aseguró Elfid Torres, Gerente Internacional de Investigación y Desarrollo de FUNDES.
Esta nueva investigación de FUNDES contribuye a ampliar el conocimiento sobre los marcos regulatorios de la MIPYME de América Latina, específicamente de estos cuatro países.
La selección de los países respondió a la diversidad política, económica, territorial y de fomento que representan. Perú, por ejemplo, no presenta una institucionalidad integradora de programas de fomento, sino un consejo consultivo de naturaleza público-privada; Chile es el único país donde los programas de fomento operan a través de una corporación de derecho público; Colombia posee la legislación más completa (en materia de MIPYME es el país que más aspectos incluye en la ley) y Venezuela porque presenta una situación de entorno diferente a los demás países de la región.
Recomendaciones a futuro
Del análisis comparado de marcos regulatorios, los autores de la investigación recomiendan a los países de América Latina impulsar modalidades de regulación simples. Mientras más simple sea el sistema jurídico que norme las MIPYME, más fácil será tener conocimiento de él. Una legislación abundante atenta contra un ordenamiento jurídico accesible, que va en contra de las urgencias de las MIPYME.
De las lecciones aprendidas del estudio también se deriva la recomendación de establecer en cada país una institucionalidad de fomento, financiamiento y coordinación suficientemente clara que contribuya a crear seguridad jurídica a los pequeños empresarios.
Finalmente, se considera que la regulación de la MIPYME en cada país debe velar no solo por el funcionamiento general de las empresas durante su ciclo de vida; sino atender el entorno en que estas se desenvuelven, procurar un cambio en la cultura normativa que las afecta y abarcar temas como: la creación y puesta en marcha de las empresas; la verificación del cumplimiento de los requisitos que se exigen para el funcionamiento y el cierre de las empresas; la participación en las compras públicas; la promoción de las exportaciones y un sistema laboral especial para MIPYME.